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Muy atrasada la política de derechos humanos de las embajadas canadienses

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19/Septiembre/2016

Por Járis Kamphuis, Danielle Ching

En junio de este año, Amnistía Internacional ha pedido al primer ministro Justin Trudeau abordar la cuestión de los derechos humanos con el presidente de México, Enrique Peña Nieto durante la "Cumbre Tres Amigos." Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos llamaron la atención sobre los peligros que enfrentan los defensores de los derechos humanos que están amenazados, intimidados, acosados y asesinados cada año en México como una represalia por su trabajo en favor de los perseguidos y las comunidades indígenas.

Nuestro Primer Ministro también puede ver el mejorar el record de las embajadas canadienses en el apoyo a los defensores de derechos humanos en México y en otros lugares.

Los defensores de los derechos humanos son individuos o grupos cuyas actividades tienen por objeto promover, proteger y realizar los derechos económicos, sociales y culturales. En muchos países, su trabajo es extremadamente peligroso. Global Witness informó recientemente que 185 activistas ambientales fueron asesinados en el año 2015 a través de dieciséis países, entre ellos México. Este mismo informe encontró que la Minería e Industrias extractivas es el sector más vinculado a estas muertes.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos reconoce su importante papel y tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea tienen directrices detalladas que requieren a sus embajadas ayudar a que los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo de forma segura. Por desgracia, las embajadas canadienses no están operando con las mismas instrucciones.

El problema es conmovedoramente representado por el caso de la minera canadiense Blackfire Exploración y su mina en Chiapas, México, documentada en un informe elaborado por Mining Watch basado en los resultados de una solicitud de acceso a la información. Casi inmediatamente después de que Blackfire comenzó sus operaciones en 2008, miembros de la comunidad afectada comenzaron a plantear preocupaciones, alegando impactos ambientales nocivos, promesas rotas a las comunidades y las amenazas de violencia por parte de trabajadores de la empresa.

En julio de 2009, miembros de la comunidad viajaron a la Ciudad de México para protestar frente a la embajada y el líder de la comunidad Mariano Abarca hizo apasionada defensa frente a un empleado de la embajada que fue registrado en un video. Abarca pidió ayuda en vista de las amenazas graves de violencia, ambientales y de derechos humanos.

En lugar de escuchar las preocupaciones de los miembros de la comunidad, la embajada de Canadá desestimó constantemente e incluso menospreció a críticos de Blackfire, adoptó y difundió la perspectiva de Blackfire en el conflicto, y apoyó activamente a la compañía de múltiples maneras, incluso presionando a las autoridades mexicanas a prestar atención a sus demandas en momento. En consecuencia, las tensiones llegaron a un trágico punto de inflamación en noviembre de 2009, cuando Abarca murió de un disparo a corta distancia fuera de su casa.

Increíblemente, tras el asesinato de Abarca, la embajada de Canadá siguió apoyando Blackfire y negó la conexión de la empresa con el asesinato a pesar de que los ex empleados de Blackfire fueron detenidos y acusados. Cuando las operaciones de la compañía fueron suspendidas por numerosas infracciones ambientales poco después de la muerte de Abarca, la embajada respondió mediante la búsqueda de información en nombre de la empresa sobre la forma de demandar a México bajo el TLC.

Canadá necesita protocolos específicos, en línea con la Declaración de la ONU, que requeriría a sus embajadas apoyar y proteger activamente los defensores de los derechos humanos, especialmente cuando se plantean preocupaciones sobre empresas canadienses. La política de Estados Unidos habría requerido a la embajada designar un oficial de derechos humanos, para mantener un contacto regular con Abarca, para alentar a las autoridades mexicanas a considerar seriamente sus preocupaciones, y potencialmente a ofrecerle protección y asistencia directa.

La embajada de Canadá no hizo ninguna de estas cosas. Más bien, facilitó y apoyó a Blackfire, a pesar de las acusaciones graves y creíbles de infracciones ambientales y de derechos humanos, y de cara a señales concretas de que los defensores de derechos humanos estaban en grave riesgo. Por desgracia, este no es un caso aislado. Hay evidencia de un patrón de conducta similar en la embajada en relación con los conflictos entre las comunidades locales y las empresas canadienses en otras partes de México y América Latina.

Actualmente, el personal de la embajada de Canadá se guía por una vaga declaración en un sitio web del gobierno diciendo que Canadá valora el papel de los defensores de los derechos humanos y alienta a los gobiernos extranjeros a hacer lo mismo. Es evidente que esto no es suficiente. Las embajadas canadienses necesitan políticas que se alinean con las normas internacionales y las herramientas para garantizar que estas políticas se siguen. El caso de Blackfire revela que el papel de la embajada bien puede ser una cuestión de vida o muerte.

- Charis Kamphuis es profesor de derecho en la Universidad Thompson River y Miembro de Junta del Proyecto de Justicia y Rendición de Cuentas Corporativas. Danielle Ching es una estudiante de derecho de la misma universidad.

Versión al español de A.V/RMALC del original en inglés publicada en Canadá, disponible en: https://www.hilltimes.com/2016/08/31/a-human-rights-policy-for-canadian-embassies-is-long-overdue/78998