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De la Chapocomedia a la realidad de Huitzizilpan

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25/Enero/2016

Por Ramón César González Ortiz

El gobierno federal de Enrique Peña Nieto, tal como el mandatario del sexenio pasado, viene intentando construir su legitimidad mediante el juego mediático de la fuga y recaptura del “Chapo Guzmán”, para dejar a un lado la resolución y atención de problemas urgentes de la sociedad mexicana. En contubernio con la Casa Blanca, tanto Peña Nieto como Barack Obama, de inmediato celebraron la por demás acomodaticia detención, como un ejemplo de la “fortaleza de las instituciones mexicanas”.

Pero no puede ser de otro modo, puesto que en el gobierno de Peña Nieto al igual que durante las tres últimas décadas, se encuentra enquistado un modelo económico que solo funciona para una minoría para la creación y mantenimiento de beneficios políticos y económicos, que han posibilitado que la riqueza de cuatro multimillonarios en nuestro país aumente de un equivalente al 2 por ciento del PIB en 2002, a 9 por ciento en 2014. Debido a que parte de la fortuna de estos cuatro sujetos se deriva de sectores que han sido privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público. Mediante un sistema regido por el amiguismo, que los privilegia y los protege, de cual son ejemplo Germán Larrea y Alberto Bailleros, dueños de empresas mineras [1].

De forma tal que en México, al igual que Brasil y otros países de América Latina los pueblos indígenas vienen resultando como los más afectados por la destrucción de sus tierras ancestrales a causa de la erosión de los bosques, provocado por las actividades mineras o la agricultura intensiva a gran escala.

En tanto que por otro lado tenemos en estados de la república como Zacatecas la promoción de esta entidad como “Zacatecas: capital mundial de la cerveza”. Promovida mediante anuncios espectaculares y bardas en colonias populares de la capital y el municipio conurbado de Guadalupe, por el Grupo Modelo AB-InBev (compañía de capital belga y brasileño) con colaboración del gobernador Miguel Alonso Reyes, para la creación del reciente festival anual Zacatecas, que tiene como propósito promover masivamente “el consumo responsable de cerveza”.

No importando en este contexto que de entre 70 y 80 por ciento de los accidentes automovilísticos de dicha entidad estén asociados con el consumo de alcohol. Ni que se haya detectado un aumento preocupante en el consumo de alcohol, principalmente entre mujeres, así como una disminución de la edad de consumo de esta bebida hasta los 12 años, según informa Iván Torres Cueva, director del Departamento de Prevención y Control de Adicciones de la SSZ [2].

Y dentro de la misma lógica mercantil, se viene dando un desabasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey, que se pretende ser subsanada llevando agua del río Pánuco, del estado de Veracruz, pero no con la prioridad de ayudar a la sociedad, sino como medida y efecto de que los industriales del Grupo Alfa y otros puedan trabajar el fracking (extracción de gas de lutitas mediante la fractura hidráulica mediante grandes presiones de agua) [3].

Finalmente, dentro de esta misma lógica en la comunidad de Huitzizilapan, se pretende construir la autopista Toluca-Naucalpan, bajo la dirección del gobierno del Estado encabezado por Eruviel Avila Villegas, para lo cual envió un aproximado de 600 granaderos. Al más puro y rancio estilo de los sexenios de Salinas y Zedillo que fueron pródigos en la violencia política. Durante el salinato fueron asesinados cientos de opositores perredistas, más dos cuadros priistas de primer orden. Mientras que con Zedillo además de las muertes de media docena de altos funcionarios –oficialmente clasificados como suicidios- proliferaron masacres rurales como la de Aguas Blancas y el Charco, en Guerrero, y las de El Bosque y Acteal, en Chiapas, bajo el sellos de las acciones represivas contrainsurgentes.

De tal forma, ayer como hoy, al venirse imponiendo el neoliberalismo se viene desembocando en un nuevo tipo de violencia masiva como los feminicidios de Ciudad Juárez que se han generalizado en años recientes a otras entidades del país como el citado Estado de México. Signo que también marco al gobierno de Vicente Fox, del cual dan ejemplo la represión protagonizada por la entonces Policía Federal Preventiva y por corporaciones estatales en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como en San Salvador Atenco, estado de México, y los asesinatos de militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el gobierno de Ulises Ruiz.

A lo cual Felipe Calderón no se quedó atrás, sino que alentó un baño de sangre bajo su guerra al narcotráfico, en la que murieron cerca de 100 mil personas, de las cuales más de 20 fueron víctimas de desaparición forzada, y las cárceles del país se colmaron por igual de culpables que de inocentes [4]. Y de lo cual hoy seguimos siendo testigos, toda vez que el peñismo continúa con la misma “estrategia de seguridad” emprendida por sus antecesores, haciendo gala en el ámbito mediático del combate al crimen organizado, pero por detrás fortalece las tendencias represivas contra las movilizaciones populares, así como las masacres de Tlataya, Apatzingán y Tanhuato, así como la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a los cuales por desgracia le debemos sumar la desaparición forzada de Bernardo Benítez, José Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia, cometidas el 11 de enero del presente año por obra de policías de esa entidad [5].

BIBLIOGRAFÍA

El Universal. 18-01-2016

La Jornada. 18-01-2016

La Jornada. 23-12-2015

NOTAS

[1] EL Universal. “Oxfam: ayudan privatizaciones a multimillonarios mexicanos”. 18-01-2016

[2] La Jornada. 18-01-2016.

[3] La Jornada. 18-01-2016.

[4] La Jornada. 23-12-2015

[5] La Jornada. 18-12-2016.